Responsabilidad civil de la Comunidad de Madrid por el incendio provocado en Galicia por un adulto bajo su tutela

La sala de lo Penal del TS,  sentencia 16/2015, de 20 de enero de 2015 (ponente: señor Palomo Del Arco), ha confirmado la responsabilidad civil subsidiaria de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA) en el pago de las indemnizaciones a las que fue condenado un adulto bajo su tutela por provocar un incendio forestal en Pontevedra.

  Así consta en la sentencia, en la que se rechaza el recurso de casación por infracción de Ley, interpuesto por el Letrado de la Comunidad de Madrid contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que declaró a la CA responsable civil subsidiaria de las indemnizaciones.
   Las indemnizaciones reconocidas en la sentencia de instancia eran 66.600 euros a la Xunta de Galicia para sufragar los gastos de la extinción del fuego y de 29.000 euros a la comunidad de montes de la zona, por los daños.
Se da la circunstancia de que, cuando sucedieron los hechos enjuiciados, tan solo hacía dos días que la AMTA había aceptado el cargo de tutor del autor de los mismos.
Los hechos  
Los hechos se produjeron en septiembre del 2007, cuando el condenado prendió tres focos de fuego en la zona conocida como Balcón do Rei sita en Montecarrasco, Darbo de la localidad pontevedresa de Cangas de Morrazo, provocando un incendio que afectó a 2,5 hectáreas de monte raso con tojo y helecho.
El incendio forestal ocasionó a la Comunidad de Montes en Mano Común unos daños y perjuicios por importe de 29.018,02 euros y a la Xunta de Galicia, gastos para proceder a su extinción por importe de 66.627,42 euros.
   En el momento de cometer los hechos relatados el acusado padecía un trastorno esquizo-afectivo que le provocaba una importante alteración de la capacidad de juicio y una notable dificultad para poder valorar de manera adecuada su conducta.
Fue condenado por delito de incendio forestal ya definido del artículo 352.1 del CP con la concurrencia de la eximente incompleta de alteración psíquica del artículo 21.1 en relación con el 20.1 del CP
Incapaz sometido a tutela por sentencia firme
   El condenado había sido declarado plenamente incapaz para regir su persona y bienes y sometido a tutela de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos de la Comunidad de Madrid por sentencia firme.
   La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos de la Comunidad de Madrid actuó como defensor judicial del presunto incapaz durante el procedimiento de incapacitación y había aceptado el cargo de tutor el 25 de septiembre de 2007, dos días antes de producirse los hechos.
La sentencia 
La sentencia del TS desestima el recurso por infracción de Ley, fundado en el número 1 del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por indebida aplicación del art. 120.1º del Código Penal.
Este establece la responsabilidad civil subsidiaria respecto a los padres o tutores, por los daños y perjuicios causados por los delitos o faltas cometidos por los mayores de dieciocho años sujetos a su patria potestad o tutela y que vivan en su compañía, siempre que haya por su parte culpa o negligencia.
El letrado de la Comunidad de Madrid alega que se atribuye responsabilidad a la Agencia por hechos ajenos a la tutela, por actuaciones y en momentos en que no ostentaba la representación legal del condenado ni asumía responsabilidad alguna por su conducta.
También niega la existencia de la necesaria relación de causalidad entre la eventual acción u omisión culposa o negligente del tutor y el hecho acaecido.
Argumenta que la AMTA asumió la tutela solo dos días antes de los hechos, no existiendo elementos que evidenciaran la urgencia de acometer cualquier decisión, ni tiempo material, por lo que considera que la conducta de la agencia no puede calificarse de negligente.
En la sentencia del TSJG,  FD 2º, se concluye que la responsabilidad civil derivada del art. 120.1º CP es exigible a la entidad responsable, pues “conocía con suficiente antelación a la aceptación de la tutela el estado del incapacitado y, por consiguiente su necesidad de vigilancia y control propios del ejercicio de la tutela, lo que desde un inicio descuidó sin preocuparse siquiera del lugar donde se encontraba”.   Y  que «no consta actuación alguna de dicho ente público anterior a la comisión de los hechos, dirigida a localizar y ejercer control sobre la persona del tutelado para evitar el riesgo que su estado psíquico suponía respecto a sí mismo y a terceros».
Finalmente el TS desestima el recurso de casación, pues entiende que el Tribunal Superior de Justicia, resuelve ya de forma satisfactoria todas las objeciones de la recurrente