Justicia decide revisar la reforma de la gestión del Registro Civil para alcanzar mayor consenso

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El Ministerio de Justicia ha decidido revisar la reforma del Registro Civil con el objetivo de alcanzar un consenso que cuente con los apoyos necesarios, tanto de los afectados, como de los trabajadores, los sindicatos y los partidos políticos.

El ministro Rafael Catalá ha reafirmado la voluntad del Gobierno de mejorar la gestión del Registro Civil para conseguir un servicio público de calidad, gratuito y cercano a los ciudadanos.
Tras constatar la oposición de parte del sector (registradores y funcionarios, en particular, alcanzando incluso a los notarios),  al proyecto, el Ministerio ha decidido que no va a llevar adelante una reforma que no cuente con el consenso del conjunto de los profesionales.

Se abandona hasta que no haya consenso

"El Gobierno no va a tener un proyecto que no sea compartido por el conjunto de los profesionales. Abandonamos la idea de reformar la ley con caracter inmediato hasta tanto no tengamos ese consenso que queremos generar", ha señalado este viernes Catalá en unas declaraciones a las puertas del Tribunal Supremo, donde había acudido a un acto de imposición de medalla del Colegio de Abogados de Madrid.

El ministro ha transmitido al decano del Colegio de Registradores de la Propiedad su renuncia al proyecto, motivada --ha dicho-- por las  "discrepancias" con este colectivo y la "crítica" y "oposición importante" por parte de profesionales, sindicatos y partidos políticos.
"Por eso nos replanteamos el plazo del 15 de julio, nos replanteamos incluso el modelo", ha dicho Catalá que ha anunciado que convocará para la próxima semana a las Comunidades Autónomas, sindicatos y otros representantes del sector de la Justicia "para seguir trabajando en ello".

"Sería absurdo que el Gobierno se empeñara en llevar a cabo una reforma que no cuente con los apoyos necesarios", ha indicado. El ministro ha criticado, eso sí, la falta de soluciones alternativas a esta propuesta y ha dicho que "a fecha de hoy" nadie le ha ofrecido un proyecto distinto al que hasta hora impulsaba su Ministerio.

Iniciativa legislativa popular

La decisión del departamento dirigido por Rafael Catalá de encomendar a este colectivo este servicio ha levantado duras críticas en los últimos meses. Los partidos de la oposición, funcionarios de la administración de Justicia, sindicatos u otros colectivos como los secretarios judiciales, han expresado su oposición a lo que consideran una "privatización" encubierta.

En concreto, la iniciativa de CC.OO de presentar una Iniciativa legislativa Popular (ILP) contra la encomienda a los registradores de la propiedad y mercantiles de la gestión del Registro Civil, ha obtenido más de 100.000 apoyos en un solo mes, según ha anunciado el sindicato este viernes
Un mes después del inicio de la recogida de firmas, con la presentación en rueda de prensa que Comisiones Obreras hizo el pasado mes de marzo, para el sindicato es "espectacular la acogida que ha tenido por parte de los trabajadores y trabajadoras, la ciudadanía, y un sinfín de diferentes asociaciones de todos los ámbitos, que se han volcado en la recogida de miles de firmas para evitar una privatización más del Gobierno, como sería la del Registro Civil", señala la central en un comunicado.

Para CCOO, este "vuelco" de la ciudadanía en el apoyo a la ILP contra la privatización del Registro Civil y que éste siga siendo un servicio público cercano a la ciudadanía, gratuito y servido por funcionarios de la Administración de Justicia, "es una nueva demostración del rechazo de la ciudadanía a la política de privatizaciones que el Gobierno del Partido Popular ha llevado desde su entrada en el Gobierno". (EUROPA PRESS)